COSECHEROS ENGAÑADOS: Dirección del Trabajo radicó la denuncia por reducción a la servidumbre ante el Juzgado Federal
En diálogo con DIARIOJUNIO, el coordinador general
del Ministerio de Trabajo de la Provincia, Guillermo Peñalver, afirmó
que este sábado se hizo presente en la policía Federal, junto al
delegado de Concordia de la dirección provincial del trabajo, Horacio
Guatini, para radicar una denuncia por el delito de reducción a la
servidumbre, por el caso de los 48 misioneros que vinieron engañados a
cosechar arándano y fueron hacinados en un local sin techo ni baño en la
zona Sur. El funcionario precisó que tanto la cartera que representa,
como la policía de Entre Ríos, hicieron constataciones en el lugar y
según estas actas, el contratista sería Pedro Miranda, mientras que el
local figura a nombre de Alejandro Ferreyra, un puntero político de la
zona sur, que como ya informara este diario, fue denunciado por Bordet
en 2009 por extorsión y amenazas.
Según precisó Peñalver a DIARIOJUNIO, este sábado
la dirección provincial del Trabajo formalizó ante la delegación local
de la policía Federal, la denuncia por el delito de Reducción a la
servidumbre, por el artículo 140 del Código Penal Argentino.
“Nosotros lo que hemos relevado son 45 cosecheros ahí en la zona Sur -dijo el funcionario-, primero juntamos todos los elementos, estuvimos en el lugar y constatamos las condiciones en las que vivía esta gente, nos hicimos presentes en la policía de Entre Ríos; ellos ya habían hecho un relevamiento de la gente, tenían identificado uno por uno a todos los trabajadores, como así también identificaron al dueño del local, el galpón donde se alojaban, que es Vicente Alejando Ferreyra, y al supuesto contratista que es Pedro Miranda”
En esa línea, Peñalver aclaro que si bien personalmente no constató la presencia de menores, la deducción surge de los relevamientos hechos por la policía, donde puede evidenciarse que figuran números de documentos coincidentes con los de menores de edad
Asimismo, el funcionario especificó que “nosotros –Dirección Provincial del Trabajo- nos hacemos presente en el lugar por denuncias que hacen los vecinos, pero no tenemos poder de policía para hacer ninguna infracción en los lugares de alojamiento, porque nosotros tenemos poder de policía en el lugar de trabajo y esta gente no está en el lugar de trabajo, pero podemos hacer una constatación y denuncia ante el juzgado pertinente”
Según Peñalver, el control sobre los alojamientos “le compete a la Municipalidad que es la que tiene que darle o denegarle la habilitación”
En cuanto al trámite judicial, el coordinador del Ministerio de Trabajo señaló que “El sábado a la noche estuvimos hablando con el agente (de policía) Burruchaga, quien nos informó que había elevado todas las actuaciones al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, para que tome las medidas que habíamos solicitado, o que la jueza instruya las medidas que entienda pertinente” concluyó.
“Nosotros lo que hemos relevado son 45 cosecheros ahí en la zona Sur -dijo el funcionario-, primero juntamos todos los elementos, estuvimos en el lugar y constatamos las condiciones en las que vivía esta gente, nos hicimos presentes en la policía de Entre Ríos; ellos ya habían hecho un relevamiento de la gente, tenían identificado uno por uno a todos los trabajadores, como así también identificaron al dueño del local, el galpón donde se alojaban, que es Vicente Alejando Ferreyra, y al supuesto contratista que es Pedro Miranda”
En esa línea, Peñalver aclaro que si bien personalmente no constató la presencia de menores, la deducción surge de los relevamientos hechos por la policía, donde puede evidenciarse que figuran números de documentos coincidentes con los de menores de edad
Asimismo, el funcionario especificó que “nosotros –Dirección Provincial del Trabajo- nos hacemos presente en el lugar por denuncias que hacen los vecinos, pero no tenemos poder de policía para hacer ninguna infracción en los lugares de alojamiento, porque nosotros tenemos poder de policía en el lugar de trabajo y esta gente no está en el lugar de trabajo, pero podemos hacer una constatación y denuncia ante el juzgado pertinente”
Según Peñalver, el control sobre los alojamientos “le compete a la Municipalidad que es la que tiene que darle o denegarle la habilitación”
En cuanto al trámite judicial, el coordinador del Ministerio de Trabajo señaló que “El sábado a la noche estuvimos hablando con el agente (de policía) Burruchaga, quien nos informó que había elevado todas las actuaciones al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, para que tome las medidas que habíamos solicitado, o que la jueza instruya las medidas que entienda pertinente” concluyó.
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